Las preguntas que nos hacen
antes de decidir.

La comisión de corretaje no está fijada por ley: cada corredora define la suya. En Propietat, vender con nosotros cuesta 2% + IVA del precio, pactado por escrito en la orden de corretaje, con una condición que pocas ofrecen: el honorario queda en custodia notarial y se paga solo cuando la compraventa está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. Si la operación no llega hasta el final, no se cobra. Y no necesitas tener ese dinero aparte, porque se descuenta del monto al contado que paga el comprador en el mismo acto. En arriendo, encontrar y evaluar al arrendatario cuesta el 50% + IVA de la primera renta, por una sola vez, y la administración mensual el 8% + IVA de la renta, o 9,5% + IVA si la quieres con el seguro de restitución incluido.

Sí, se trabaja con mandato exclusivo, porque es lo que permite invertir en fotografía, marketing y gestión real para la propiedad. A cambio, los compromisos quedan por escrito: plan con fechas, informe mensual y cláusula de salida si no se cumplen. El detalle está en venta de propiedades.

El foco es el sector oriente de Santiago: Providencia, Ñuñoa y Las Condes. Se evalúan propiedades en otras comunas caso a caso, principalmente departamentos y casas de uso habitacional; también oficinas, locales o terrenos según la operación.

El filtro va antes de la visita, no después. Con el RUT del postulante y su debida autorización se consulta el boletín comercial a través de la empresa Maat, para saber si presenta morosidades o protestos. Para poder visitar la propiedad se le piden además sus últimas tres liquidaciones de sueldo y el certificado de las últimas doce cotizaciones de AFP. Solo si quiere avanzar se piden el resto de los antecedentes y los del aval cuando corresponde. Elegir bien al arrendatario pesa más que cualquier póliza: no apurarse en arrendar es parte del servicio. El proceso completo está en búsqueda de arrendatario.

La búsqueda de arrendatario es un servicio que termina cuando el contrato se firma: publicación, evaluación de postulantes, contrato redactado por abogado y entrega documentada, por el 50% + IVA de la primera renta, una sola vez. La administración es el mes a mes de ahí en adelante: cobro de la renta y entrega al propietario a más tardar el día 10, reajustes calculados y avisados, reparaciones coordinadas con presupuesto, cuentas y gastos comunes a la vista y rendición por escrito todos los meses, por el 8% + IVA de la renta mensual, o 9,5% + IVA con el seguro de restitución incluido. Se puede contratar solo la búsqueda y sumar la administración después.

Sin seguro, se hace cobranza extrajudicial insistente y se exigen las multas diarias que fija el contrato, que suelen ser del orden de UF 0,25 por día. Si la morosidad se extiende, se espera un máximo de 15 días y se informa el aviso de término de contrato. El contrato que redacta nuestro abogado incluye además una cláusula de restitución: ante mora o simple retardo en el pago, el arrendatario queda obligado a devolver la propiedad, sin esperar a que el contrato termine. Con el plan de arriendo asegurado opera además el seguro de restitución HDI, y conviene entender bien cómo funciona: lo que gatilla la cobertura no es el atraso, sino que el arrendatario no devuelva la propiedad después de que se le pide la restitución. Cuando eso ocurre, la aseguradora asume la cobranza extrajudicial y el juicio con sus propios abogados, y al cierre del proceso indemniza las rentas no percibidas y los gastos comunes y servicios básicos impagos, con un tope de 6 rentas expresado en UF. La indemnización llega al final, no mes a mes.

Es la ley publicada en 2022 que modificó la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Su aporte principal es un procedimiento judicial más breve, de tipo monitorio, para que el arrendador cobre las rentas impagas y recupere la propiedad cuando el arrendatario deja de pagar, sin pasar por todo un juicio ordinario. Los plazos y requisitos concretos dependen de cada caso y de los tribunales, y la redacción del contrato es clave para poder usarla bien. En la práctica, un contrato bien hecho y un arrendatario bien evaluado siguen siendo la mejor protección: la vía judicial es el último recurso, no el plan.